La crisis generada por el sargazo, que hoy paraliza la actividad en zonas como Tulum, es una realidad que también el sur de Quintana Roo lleva meses enfrentando con severas consecuencias financieras. El sector productivo del sur exige que el manejo de este fenómeno se asuma como una política económica integral, garantizando que la inversión federal anunciada proteja los empleos, la viabilidad de los negocios y la competitividad de nuestra región.

Lo que hoy ocurre en Punta Piedra, Tulum, es un reflejo exacto de la emergencia que también estamos viviendo en el sur de Quintana Roo. Para quienes integramos el sector turístico y productivo, ver una playa invadida por sargazo no es solamente un problema ambiental o una postal deslucida; representa una caída directa en el consumo, menos reservaciones, pérdida de empleos y el estrangulamiento financiero de toda nuestra cadena de valor.
Las cifras oficiales de SITUR confirman la gravedad de esta recesión. Durante el primer semestre de 2026, la caída en la ocupación hotelera fue generalizada: Tulum bajó del 74.32% al 66.18%, mientras que aquí, en el sur, Chetumal retrocedió a 52.40% y Mahahual a 46.95%. Sin embargo, el verdadero colapso para nuestra región estalló durante el verano, cuando los empresarios de Mahahual reportaron niveles críticos de ocupación de entre 30% y 40%, ni la mitad de lo proyectado.
Esta asfixia financiera ya tiene consecuencias irreversibles en nuestra comunidad. En julio, fuimos testigos del cierre del hotel Quinto Sole, que bajó sus cortinas después de más de 15 años de servicio, señalando al sargazo como uno de los factores determinantes de su colapso.
A pesar de que nuestros ingresos disminuyen drásticamente, el sector empresarial sigue haciendo su parte. Continuamos sumándonos a las labores de limpieza y destinando recursos propios para mantener nuestras costas en condiciones adecuadas, porque sabemos que no hay turismo ni empleos sin playas limpias. No obstante, debemos hablar con crudeza: cada peso que el sector privado destina a combatir el sargazo sale de una economía que hoy está severamente contraída. Sostener esta carga de forma aislada es financieramente inviable.
Por ello, es imperativo que la atención al sargazo deje de verse únicamente como un tema ecológico y se ejecute como una verdadera política económica. Reconocemos como un paso necesario el anuncio del Gobierno de México sobre la inversión de 2 mil millones de pesos para reforzar la estrategia de manejo del alga en Quintana Roo. Esta respuesta institucional es urgente, pues el desafío supera la capacidad operativa y financiera de cualquier negocio o municipio por separado.
Desde el sur, tenemos la voluntad de seguir invirtiendo, trabajando y manteniendo viva nuestra industria. Pero para lograrlo, necesitamos certidumbre, visitantes e infraestructura que permita que nuestra economía vuelva a crecer.
El sargazo recala en la arena, pero sus efectos destructivos llegan directo a la nómina, a los negocios y a las familias que dependen del turismo. Defender nuestras playas significa, en esencia, defender la capacidad económica que nos permite seguir cuidándolas.
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