La llegada de nuevos proyectos del programa Vivienda para el Bienestar a Chetumal es una excelente noticia para el desarrollo social. Sin embargo, frente a la severa recesión que atraviesa el sur del estado, el sector productivo hace un llamado estratégico: las empresas locales deben participar en la ejecución de estas obras para garantizar que la derrama económica se quede en la región y detenga la pérdida de empleos.
La gestión de un nuevo desarrollo del programa Vivienda para el Bienestar representa un avance necesario para las familias de Chetumal. Recientemente, la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) ingresó ante la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo la Manifestación de Impacto Ambiental para desarrollar un complejo habitacional al suroeste de la capital, sobre el antiguo camino a Santa Elena, en la intersección con Chacchoben.
Atender el rezago habitacional es prioritario, pero la edificación de este proyecto representa una oportunidad que va más allá de lo social: es un motor para nuestra economía. Una obra de esta magnitud moviliza materiales, transporte, maquinaria, servicios profesionales y mano de obra. Por ello, desde el sector productivo consideramos indispensable que el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado consideren a las empresas del sur en las licitaciones derivadas de este programa.
No se trata de cerrar la competencia ni de exigir privilegios, sino de utilizar la inversión pública como un catalizador económico frente a la marcada recesión que asfixia a nuestra región. Ya no podemos ignorar la realidad económica: los datos oficiales de SITUR muestran que, entre enero y junio de 2026, la ocupación hotelera cayó a 52.40% en Chetumal y a 46.95% en Mahahual. Durante el verano, los empresarios de Mahahual reportaron ocupaciones de apenas 30% a 40%, la mitad de lo proyectado.
La presión sobre el ecosistema empresarial es crítica. Tal como ha señalado Josué Osmany Palomo Hoil, Presidente de COPARMEX Chetumal, alrededor de 100 pequeñas y microempresas cerraron durante 2026, y otras 50 enfrentan el mismo riesgo inminente. El impacto es tangible: en el último año, perdimos el 7% de los puestos de trabajo formales en la zona, pasando de 46,500 a 42,000 plazas.
En este contexto de fragilidad, cada proyecto de inversión adquiere un peso vital. No podemos perder la oportunidad de que si los recursos llegan a Chetumal, la derrama económica y los contratos terminen fuera de nuestra comunidad. Si las empresas locales, proveedores, transportistas y profesionistas participan, el beneficio social de estas obras se multiplicará, inyectando oxígeno financiero a quienes sostienen la economía local.
Celebramos la llegada de Vivienda Digna para las familias de Chetumal. Ahora, necesitamos asegurar que la oportunidad económica que la construye se quede en el sur de Quintana Roo.
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