Frente a las recientes denuncias por cobros aduanales arbitrarios, el Sindicato de Buzos del Caribe ha lanzado una exigencia ineludible: poner fin a la discrecionalidad institucional. En un momento crítico marcado por la baja ocupación y el embate del sargazo, destinos como Mahahual no pueden darse el lujo de ahuyentar a los visitantes internacionales con trabas burocráticas; para garantizar la supervivencia económica de la región, el Estado debe actuar como un aliado del desarrollo, no como su principal obstáculo.
El Caribe Mexicano no se sostiene exclusivamente de la inercia de sus bellezas naturales; requiere competitividad, certeza y facilitación logística. Sin embargo, para sostener y hacer crecer nuestra economía, la voluntad del sector productivo choca frecuentemente con obstáculos institucionales que rayan en el absurdo. Hoy, el turismo de buceo —uno de los nichos más rentables, especializados y ecológicamente sostenibles de nuestra región— se encuentra bajo amenaza directa no por fenómenos climáticos, sino por trabas burocráticas injustificadas en los filtros de entrada al país.
El caso reciente que desató la exigencia del Sindicato de Buzos del Caribe ilustra perfectamente esta miopía administrativa. Una turista estadounidense denunció cobros superiores a los 6,600 pesos en la aduana por ingresar su cámara fotográfica submarina, bajo el argumento discrecional de clasificarla como “equipo profesional excedente”. Este incidente, que rápidamente escaló en redes sociales generando alertas para evitar el destino, es un golpe directo a la línea de flotación de la economía local.
El turismo de buceo es un viajero que suele extender su estancia por más de una semana, que requiere guías especializados, renta de embarcaciones y que genera un efecto multiplicador que irriga a pequeños hoteles, restaurantes y transportistas.
Para destinos como Mahahual, que es la puerta de entrada natural a la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro —el atolón coralino más grande de México—, ahuyentar a este perfil de visitante con extorsiones disfrazadas de reglamentación es un error catastrófico.
En una temporada donde la región enfrenta el desafío histórico del sargazo y caídas drásticas en la ocupación, las autoridades aduaneras y federales deberían actuar como facilitadores estratégicos, no como barreras de contención. Las comunidades del sur exigen reglas claras, capacitación a los agentes y el fin de la discrecionalidad.
Reclamamos nuestro derecho a generar riqueza atrayendo al turismo de mayor valor, y para lograrlo, necesitamos un Estado que camine al mismo ritmo que sus ciudadanos.
#RegresémosleElBrilloAlSur
