La justicia territorial en el sur de Quintana Roo exige un debate elevado, basado en la veracidad y el respeto irrestricto a la legalidad. Asimismo exige reconocer la voz de quienes viven, trabajan y sostienen diariamente la economía de Mahahual, una comunidad que no puede quedar atrapada entre interpretaciones parciales ni narrativas ajenas a su realidad.
La reciente resolución del Primer Tribunal Colegiado de Circuito sobre el desarrollo en Mahahual no otorgó la razón a ninguna de las partes en el fondo ambiental, sino que desechó un amparo por haberse presentado fuera del plazo legal de quince días.
En este contexto, es importante señalar que la conversación pública reciente ha estado marcada por dos piezas claras de desinformación:
- La narrativa de que el Tribunal resolvió sobre el fondo del proyecto, validándolo o rechazándolo. Esto es incorrecto. Se trata de argumentos metajurídicos que buscan influir en la percepción pública y ejercer presión sobre las autoridades.
- La afirmación de que se "permite el desmonte de 80 hectáreas", difundida incluso por algunos medios de comunicación. Esta información contradice lo presentado en la reciente reunión pública de la SEMARNAT, donde quedó claro que el proyecto contempla un desmonte de menos de 14 hectáreas, en una zona previamente fraccionada, así como la conservación de una reserva ecológica de aproximadamente 60 hectáreas.
Por ello, hacemos un llamado tanto a grupos activistas como a medios de comunicación a elevar el nivel del debate público. La desinformación, venga de donde venga, debilita la confianza institucional y afecta directamente las posibilidades de desarrollo de nuestra región.
La inversión responsable, como la que hoy analiza la SEMARNAT, debe protegerse siempre que cumpla con la ley y genere beneficios reales para las familias, negocios y trabajadores de Mahahual. Al permitir que las instituciones determinen la viabilidad técnica sin presiones políticas o emocionales basadas en información imprecisa, logramos que el desarrollo sea una oportunidad tangible para la comunidad local y toda la región.
Mahahual no es un concepto, es una comunidad. Es el esfuerzo de restauranteros, prestadores de servicios turísticos, comerciantes, trabajadores y familias que han apostado por construir un destino con identidad propia en el sur del estado.
Cualquier discusión sobre su futuro debe partir de esta realidad: el desarrollo no puede decidirse desde la desinformación ni desde visiones externas desconectadas del territorio.
La realidad jurídica frente a la interpretación política
Existe una confusión relevante en la opinión pública sobre el reciente fallo judicial en Mahahual. Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Circuito resolvieron un recurso de queja interpuesto por la SEDETUS y ordenaron desechar la demanda de amparo de la asociación civil DMAS. Esta decisión respondió exclusivamente a un tema de tiempos legales, ya que la demanda se presentó fuera del plazo de quince días que establece la Ley de Amparo para actos administrativos concretos.
Es incorrecto afirmar que los jueces validaron o rechazaron el impacto ambiental del proyecto en este paso procesal. El tribunal se apegó a la norma sin entrar al análisis del fondo del asunto, lo que significa que el proceso legal se cerró por una omisión en los tiempos de la parte quejosa. La legalidad debe aplicarse por igual a todas las partes, y el respeto a estos plazos es lo que garantiza la certeza jurídica en nuestro estado.
Activismo y responsabilidad informativa
La exigencia ambiental es una herramienta ciudadana legítima que ha fortalecido nuestra democracia. Sin embargo, pierde fuerza cuando recurre a datos que no se sostienen frente a la evidencia documental disponible o cuando se difunden sin la debida verificación.
Resulta especialmente relevante que los medios de comunicación, como actores centrales en la formación de la opinión pública, mantengan un estándar alto de rigor técnico y contraste de fuentes, particularmente en temas de alto impacto territorial y social.
Cuando se recurre a narrativas alarmistas o imprecisas, el debate deja de ser técnico para volverse emocional, lo que termina por afectar las posibilidades de desarrollo formal en el sur. La buena fe en la defensa del medio ambiente y el ejercicio del periodismo deben ir acompañados de la misma rigurosidad que se le exige a las empresas y al gobierno.
Instituciones y futuro compartido
El proceso de evaluación sigue su curso en las instancias correspondientes. La SEMARNAT es la autoridad encargada de determinar la viabilidad final de cualquier inversión y definirá las medidas de mitigación que deberán seguirse. Debemos confiar en el análisis técnico y científico de nuestras instituciones federales, en lugar de adoptar posturas definitivas sobre procesos que aún están en revisión.
Desde el sector productivo del sur, defenderemos que la bonanza económica se quede en nuestra tierra y beneficie a nuestra gente. El desarrollo legal, regulado y sostenible es la herramienta más sólida para generar estabilidad social y protegernos de la exclusión, porque el futuro de Mahahual debe construirse con rigor técnico y con un respeto profundo a la participación de quienes habitan esta región.
La voz de quienes habitamos y sostenemos históricamente esta región debe ser el eje central de cada decisión sobre nuestro futuro.
#RegresémosleElBrilloAlSur
