Para entender lo que hoy está en juego en el sur de Quintana Roo, es necesario reconocer tanto nuestro pasado como los cambios profundos que han transformado el presente. Durante décadas, el estado creció bajo un modelo de "dos velocidades": un norte dinámico, impulsado por una planeación turística intensiva desde los años 70, y un sur que quedó rezagado, con menos inversión, menor desarrollo productivo y limitadas oportunidades económicas. Este desequilibrio estructural sigue reflejándose hoy en indicadores de pobreza en municipios como Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos.
Sin embargo, también es cierto que el modelo de desarrollo en Quintana Roo —y en México en su conjunto— ha cambiado de manera significativa en los últimos 20 años. Hoy existen reglas que antes no existían: protección estricta de manglares, prohibición de construcción en dunas costeras, ordenamientos ecológicos territoriales vinculantes y evaluaciones técnicas obligatorias mediante Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA).
Este avance no ocurrió por casualidad; es resultado de décadas de exigencia ciudadana y del fortalecimiento del ambientalismo organizado. Gracias a ello, hoy el escrutinio ambiental tiene un peso real. Pero precisamente por esa relevancia, hoy también se exige algo más: rigor técnico y verificación basada en evidencia.
Desarrollo, sostenibilidad y permanencia social
En las regiones económicamente más vulnerables del país, el desarrollo no puede entenderse como un antagonista del medio ambiente, sino como una oportunidad que debe ocurrir bajo reglas mucho más estrictas que en el pasado. El desarrollo no solo genera inversión; genera empleo formal, cadenas de producción y fortalecimiento del tejido económico local.
Aún más importante: genera condiciones para que nuestras familias puedan quedarse. Sin oportunidades, el destino del sur ha sido históricamente la migración hacia el norte del país, la Ciudad de México o los Estados Unidos. En el peor de los casos, la falta de alternativas deja a nuestras comunidades expuestas a economías ilegales. Por ello, el desarrollo legal, regulado y sostenible es una herramienta de estabilidad social, una política de arraigo y una forma de protección comunitaria.
El caso Mahahual bajo el microscopio técnico
Bajo este nuevo paradigma de responsabilidad, el debate en torno al proyecto Perfect Day en Mahahual se ha vuelto especialmente relevante. En las últimas semanas, distintas afirmaciones han sido puestas bajo escrutinio público, no como un intento de desacreditar la exigencia ambiental —que es legítima—, sino para verificar si dichas afirmaciones se sostienen frente a la evidencia documental disponible.
"Ecocidio de 90 hectáreas"
La evidencia documental pública, incluyendo la MIA presentada ante la autoridad, establece que la gran mayoría del proyecto se desarrolla en zonas previamente impactadas. Aproximadamente 16 hectáreas corresponden a vegetación secundaria, mientras que más de 45 hectáreas de manglar se mantienen como área de conservación. El cuestionamiento técnicamente válido radica en determinar si esas 16 hectáreas contienen manglar conforme a la ley, no en sostener una afirmación general de destrucción total que no corresponde a los planos oficiales.
Representación incorrecta de áreas de conservación
Se ha documentado que, en diversas presentaciones públicas, se señaló como zona de "impermeabilización y construcción" un polígono que, al contrastarlo con el Plan Maestro del proyecto —documento público y vinculante—, está clasificado como Área Natural de Conservación y Reforestación. Presentar una interpretación que invierte el uso real asignado en el documento técnico no es una diferencia de criterio, sino una afirmación que no corresponde con la clasificación oficial.
Afirmaciones sobre omisiones en la MIA
Se ha señalado la supuesta ausencia de infraestructura hídrica y evaluación de impactos. Sin embargo, la revisión directa del expediente permite identificar con precisión lo siguiente:
- Capítulo II (pág. 31 y 150): Se establece el suministro mediante una Planta de Ósmosis Inversa (POI) y una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), detallando toda la infraestructura hidráulica.
- Capítulo V: Desarrolla un apartado completo dedicado a la identificación y evaluación de impactos acumulativos, sinérgicos y residuales.
- Capítulo II (pág. 172): Establece el manejo integral de residuos sólidos conforme a la normativa.
Es decir, las medidas que se señalaron como "omitidas" sí están expresamente contenidas en el expediente técnico.
Un llamado responsable: Verdad, evidencia y futuro
El objetivo de este posicionamiento no es descalificar al ambientalismo, cuya función ha sido fundamental para elevar los estándares actuales. Precisamente por el respeto que merece esa lucha, hoy resulta indispensable elevar el estándar de la conversación pública.
Desde el sur de Quintana Roo, la convocatoria es clara: no detener el escrutinio ambiental ni debilitar la exigencia ciudadana, pero sí exigir que toda afirmación se base en evidencia verificable. Debemos proteger la certidumbre de los proyectos que cumplen con la ley y que representan nuestra oportunidad de romper con el rezago.
En el sur, el desarrollo es una necesidad histórica. Y hoy, más que nunca, debe construirse sobre dos pilares fundamentales: sostenibilidad real y verdad verificable.
#RegresémosleElBrilloAlSur
